Ayer, viernes, las personas fallecidas en residencias de mayores, por coronavirus, superaban en nuestro país las 1500; más de mil en Madrid. Sólo con esa cifra España estaría ya en el sexto puesto mundial en cuanto a muertes por el Covid 19. Para entender esta foto del horror conviene volver a 2006, cuando el Gobierno Zapatero colocó en la agenda política la creación de un Sistema de Atención a la Dependencia. Por aquél entonces, los días y meses se llenaron con un continuo tira y afloja, hasta su aprobación en 2008. En el “tira” las entidades del Tercer Sector, colectivos afectados y colegios profesionales que llevaban años reclamando una red de servicios públicos acorde con las necesidades de los mayores y la discapacidad. “Aflojando”, buena parte de los Ejecutivos autonómicos, más preocupados de competencias y financiación que de dar una respuesta digna a quienes no la habían encontrado en el llamado Estado del Bienestar.
Era la España opulenta. Consejeros y Presidentes preferían sembrar campos de golf para disfrute de jubilados británicos que asumir la creación de un sistema público para atender a los de aquí. Definitivamente, el envejecimiento tenía menos glamour y era más costoso. Luego llegó la crisis y los apóstoles de la austeridad le pasaron la tijera al recién nacido “Sistema de Dependencia”. Ni siquiera su impulsor, el Estado, cumplió su parte del compromiso económico, mientras las listas de espera de Centros de día, SAD o Residencias se hacía eterna y las mujeres volvían a cargar sobre sus hombros el peso de los cuidados. Al otro lado del espectro ideológico, los jóvenes del 15M llenaron las plazas con la ira de su propia precariedad y ni siquiera cuando gobernaron situaron la Dependencia entre las prioridades.
Con el 2020 llegó el Covid 19, y entró en las residencias de mayores. Las historias de abandono, opacidad, cadáveres abandonados y las denuncias de familiares parecen sacadas del cine negro y la Fiscalía ya ha anunciado una investigación posterior. Por otro lado, cientos de miles de personas mayores que viven solas transitan aterrorizadas este confinamiento; sin visitas, sin poder salir y, muchas de ellas, con dificultades para cumplir sus tratamientos, hacer ejercicio, asearse convenientemente o seguir una dieta medianamente equilibrada. Sin más compañía que la televisión o la radio, donde cada hora les recuerdan que en esta crisis sanitaria ellos son el punto más débil. Algunos ayuntamientos, como el de A Coruña, han puesto en marcha programas de reparto de comidas, atención directa y telefónica con voluntariado. Si la transmisión infecciosa es un peligro, quizás mayor aún el riesgo de desorientación, depresión y demencia provocados por el miedo y la soledad. Cada día vemos la foto fija que nos deja el coronavirus; tal vez deberíamos empezar a pensar en la que tendremos –económica, pero también social- al final de la crisis sanitaria.
El envejecimiento ha sido poco más que un discurso interesado durante estos quince años. En Galicia lo sabemos bien. Feijoo sacaba la curva demográfica a pasear cada vez que había un Debate del Estado de la Autonomía y largaba una ocurrencia para llenar titulares. Hemos tenido de todo: comisiones demográficas, Planes nunca cumplidos, Estrategias para empapelar la Catedral.. De todo menos inversiones. De todo menos servicios. En A Coruña, la última Residencia pública construida por la Xunta la inauguró Fraga en el año 2000; desde entonces, la única actuación autonómica de envergadura fue la Residencia La Milagrosa, gestionada por la UDP en el edificio cedido por la Diputación, en la que la Xunta invirtió 1,5 millones de euros, allá por 2007, durante el gobierno de Touriño. Las restantes actuaciones fueron impulsadas por fundaciones –Fundación Remanso, Fundación ADCOR y Fundación Ortega- en terrenos municipales o equipamientos privados.
Nada hay más predecible que una curva demográfica. España envejece. Galicia, más. El envejecimiento conlleva riesgos conocidos y, por tanto, también previsibles. Mantener un centro de mayores en buenas condiciones no es responsabilidad de la UME, por mucho que el Director Xeral de Maiores prefiera mirar para otro lado y exigir no se sabe qué al Ejército. Es probable que España tenga un problema de inversiones en la Sanidad Pública – Galicia, más-, pero lo tiene aún mayor con la Dependencia y el –inexistente- espacio sociosanitario, esa rendija por donde se nos coló el Covid 19 para agrietar el edificio entero.
Invertir en servicios no sólo garantiza calidad de vida sino que genera empleo, innovación social y promueve la investigación en un ámbito de gran valor añadido. Doy por hecho que no aplaudimos el ejemplo de Boris Johnson o las teorías del Gobernador de Texas, así que, tal vez, antes que finalice el confinamiento, debamos seguir el ejemplo de James Carville durante la campaña de Bill Clinton y colocar un cartel que nos recuerde la tarea esencial que tenemos por delante. Un cartel bien grande con el lema “ Es la dependencia, estúpidos”.
Mar Barcón 